Arrancando el 2024, la Corte Constitucional emitió una decisión de gran trascendencia que marca un hito en la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales en Colombia. A través de un documento de cinco páginas, el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo ha admitido una demanda que busca reformar todo el proceso de aprobación de licencias ambientales, las cuales son de vital importancia para proyectos como la explotación de hidrocarburos, la generación de energía y la extracción minera en nuestro país. 

Esta demanda, que será evaluada por el alto tribunal, podría establecer restricciones a este tipo de proyectos que generan impactos ambientales significativos, ya que actualmente las licencias y los estudios asociados no consideran adecuadamente la lucha contra la crisis climática. Los demandantes son figuras destacadas en el ámbito legal y en iniciativas que promueven la protección de los recursos naturales. 

Dentro de los demandantes se encuentran el centro de estudios jurídicos y sociales, Dejusticia, y la organización liderada por abogadas afrocolombianas de diversas regiones del país, Ilex Acción Jurídica. Por otro lado, los investigadores Sibelys Mejía, David Cruz y Julián González, quienes han presentado argumentos sólidos en la demanda que finalmente ha sido admitida por la Corte tras varias correcciones y ajustes.

Es importante destacar que la solicitud ante la Corte no busca anular el artículo que regula el Licenciamiento Ambiental en Colombia, sino establecer que estas solo pueden ser otorgadas después de una evaluación que tenga en cuenta los impactos del cambio climático.

 

 

El director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Rodrigo Negrete, ha afirmado que el Gobierno no ha dado instrucciones para detener la emisión de licencias ambientales, especialmente para proyectos relacionados con hidrocarburos. Sin embargo, ha reconocido que en algunos casos de energías renovables se han negado licencias, esto debido a la falta de estudios sobre el impacto ambiental dentro de ese sector. 

Pero el panorama aún no es claro, pues el director de la ANLA, también ha anunciado que el Gobierno está preparando una propuesta legislativa para reformar el proceso de licenciamiento ambiental en el país, con el objetivo de reducir los plazos de respuesta a las solicitudes hasta 45 días hábiles, frente a los 90 días actuales, pero aún esto está en veremos. 

Lo cierto es que el director de la ANLA recientemente anunció que el Gobierno está preparando una propuesta legislativa que podría cambiar el licenciamiento ambiental en el país, y esto con celeridad lo piden los gremios, quienes acordaron una agenda ambiental para definir el futuro de los proyectos que requieran licencias ambientales, pues esto es un acuerdo que estará vigente hasta 2026 y lo que pretende es fomentar la articulación entre la autoridad y los sectores, quienes aún están a la espera del Licenciamiento Ambiental para los proyectos de hidrocarburos en Colombia.